Por estos días se ha aprobado la venta de casas, algo que ya se venía pregonando. Pero hace más de un año también, como por “casualidad”, comenzaron en Cuba, después de cincuenta años de inmovilismo, a actualizar los Registros de la Propiedad. Todo se ha hecho con la mayor urgencia. Ha sido un llamado obligatorio a las empresas estatales, y de ineludible gestión de los ciudadanos para cualquier trámite con su vivienda. En cada municipio se han abierto las oficinas para asentar en los libros al propietario actual. Un movimiento con la mayor premura y presión. Saben que el tiempo se les acaba. Para ello se han entregado los locales para dichas oficinas, impartidos pequeños cursos de adiestramiento, impreso modelos que en la marcha han corregido, entrega de computadoras, archivos y material de oficina. Las visitas del Director Provincial de Justicia, y de los funcionarios políticos, es constante. Ellos también son presionados a otras instancias. Tienen que responder a cuánto asciende lo registrado a partir que se recibió la orden. El primero que comenzó la tarea, desde sus funciones como Presidente del Gobierno (Alcalde de La Habana), Juan Contino Aslan (que en paz descanse su pequeño poder), fue relevado del cargo, hasta ahora en “plan piyama” (dicen que por hacer lo mismo que sus antecesores y modelos políticos, entregar casas a sus amantes).
El Gobierno de Cuba no hace ningún movimiento que no le resulte una compensación. Pero en este caso, toda la parafernalia nos lleva a que la verdadera intención es la de recoger las antiguas propiedades pertenecientes a los viejos propietarios que abandonaron el país o fallecieron en Cuba.
El objetivo es borrar el pasado. Cuando el Estado obtenga en su poder todas las viejas propiedades, las harán desaparecer y, ante el Registro, solo quedarán las propiedades actualizadas. Ningún propietario “nacionalizado” a partir del 1959, ni sus herederos, podrán reclamar algo que no existe ni pueden probar documentalmente.
Quizá algunos se hayan llevado las propiedades al exilio, pero fueron los menos. Y podría creerse que es un gesto loable de los Castro para asegurarles a los cubanos que no serán echados a la calle cuando el inevitable cambio político asome; pero eso sería una ingenuidad. La razón real es que el grupo de poder intenta esconder sus propiedades familiares, que fueron confiscadas o inventariadas después de la partida de sus propietarios originales. Dentro de la gran montaña de movimiento de papeles que conllevan dichas inscripciones se perderán las personales. De paso, asegurarles a sus generales y acólitos que tampoco perderán sus intervenidas posesiones que les entregaron cuando llegaron al poder.
Ángel Santiesteban-Prats
Los hijos que nadie quiso 